Escribe: Alfredo Coronel Zegarra

Hay una idea arraigada respecto a que el Estado será quien se haga cargo de nosotros, por eso no me responsabilizo de mí mismo. Una visión paternalista que se observa en la profusa legislación que nos rige y, no contentos con lo que hay, exigimos más a los políticos y funcionarios como si necesitásemos normas para todo. Pero como niños malcriados vivimos “sacándole la vuelta” a las reglas que antes exigimos. Pareciéndonos cada vez más al personaje de aquella vieja propaganda de “Pepe el vivo”, incumplimos nuestras obligaciones con la sociedad mientras las autoridades no se den cuenta.

La sobrerregulación desalienta la formalidad por encarecer su aplicación, reduce la productividad al distraer recursos y puede promover la corrupción al crearse capas que oscurecen la realidad. Al dificultar la transparencia y la rendición de cuentas, se evita el seguimiento, la evaluación y el control. En ocasiones, las normas se impulsan por grupos que quieren impedir la competencia, frenando el funcionamiento del mercado.

Este gobierno gigante que vamos creando cuesta: “no hay almuerzo gratis”. Lo mantenemos entre todos, con los impuestos pagados en cada compra que hacemos. Así que, cuando alguien le ofrezca crear una empresa pública, un nuevo municipio o reglas que alguien debe supervisar, piense si quiere gastar o invertir su dinero en eso. Habrá muchas excusas para exonerar o subsidiar, y apelarán al espíritu nacionalista o al orgullo antes que a nociones técnicas y de viabilidad económica. Escucharemos así argumentos como que se trata de un sector estratégico, que es un asunto de soberanía o seguridad nacional. En el fondo, se trata de puro populismo. Dejémoslo de lado y exijamos evaluaciones fundamentadas. La acción del sector público debería orientarse a reducir los costos de transacción, es decir, a facilitar el funcionamiento del mercado, no los costos de producción de particulares.

Esta participación en todo orden de cosas, además de ineficiente, atenta contra nuestra autonomía de actuar como individuos, seres con criterio y capacidad. No se requiere de un “ente” que todo lo supervise y regule para mantener la democracia, permitir el acceso a bienes públicos, incentivar la competencia o brindarnos seguridad.

Dependemos de nuestras calificaciones y habilidades para desarrollarnos y cada quien podrá emprender la tarea que desee, liberando sus recursos y potencialidades. Económicamente, invertiremos estableciendo intercambios mutuamente beneficiosos. Socialmente, desplegaremos nuestra individualidad relacionándonos con respeto entre nosotros. Políticamente, nos agruparemos para representarnos y liderarnos.

La libertad personal implica responsabilizarnos por nuestros actos y también cumplir con la sociedad. Es una cuestión que ayudaría a eliminar esta compulsión por querer un Estado cada vez más entrometido en asuntos privados, distrayéndolo de sus funciones.