Escribe: Alfredo Coronel Zegarra

En semanas pasadas se conocieron nuevas acciones en diversos países orientadas a restringir el uso de determinadas redes sociales. Esto no es novedad; ya hace algunos años existen movimientos legales y civiles promoviendo restricciones a lo que se publica en internet. En naciones con derechos constreñidos o sin ellos, hay prohibiciones al uso libre de plataformas digitales específicas.

Esta corriente se justifica en el supuesto o real daño que causan o causarían en las mentes y vidas de los usuarios. Se busca, populistamente, limitar y eliminar determinados discursos, por ejemplo, los llamados “de odio” o discriminadores, vetar las noticias falsas o tendenciosas y erradicar la delincuencia que aprovecha estas herramientas en sus negocios ilícitos.

¿Quién podría estar en desacuerdo con estas “nobles intenciones”? Seguramente nadie. Pero estas acciones violan palpablemente la libertad de expresión y significan el levantamiento sin razón del derecho a la privacidad personal.

Así, argumentando que se trata de asuntos de soberanía o seguridad nacional, del estado de derecho o de nuestra salud e integridad, “alguien” se erige como el defensor y protector de todos. Desaparece el albedrío; dejamos de responsabilizarnos por lo que decimos o hacemos, ninguna cosa elude al censor. ¿Quién seleccionará a los fiscalizadores?, ¿qué criterios usarán? y, finalmente ¿cómo sería eso transparente? solo producirían temor y desconfianza.

Esta es otra forma de paternalismo que muchas agrupaciones políticas, cívicas, religiosas u otras quieren imponer a una comunidad diversa, multicultural y con intereses y criterios variados. Buscan obtener el poder para que el Estado vigile a cada sujeto. Vivimos en sociedades que tienen interpretaciones del mundo donde los ciudadanos somos menores de edad incapaces de velar por nosotros mismos.

¿Acaso los funcionarios tendrán mejor conocimiento que yo sobre lo que me conviene? Se nos arrebataría una libertad fundamental: la de expresar lo que pensamos, sea o no errado. ¿Qué seguiría luego?

Un asunto por demás delicado es que las propias empresas tecnológicas pretendan moderar y supervisar el contenido, realizando la verificación previa o el control posterior, empleando técnicos o algoritmos, ¿garantizaría esto imparcialidad, rendición de cuentas y evitaría aprovechamientos indebidos?

Siempre existieron y existirán las teorías de conspiración y las medias verdades. Entonces, ante la información falsa, tendenciosa o criminal, individualmente escogeremos contrastarla, bloquearla, denunciarla o renunciar a recibirla. Por su parte, la justicia y las fuerzas del orden deberán perseguir a los malhechores.

De tal manera, ni la autorregulación de los proveedores, la colocación de advertencias en los mensajes ni la prohibición del servicio funcionarían. Particularmente deberemos decidir lo que deseamos leer, oír y compartir. De igual modo, cumpliendo las leyes, optaremos por los estilos y experiencias de comunicación que prefiramos.