Escribe: Alfredo Coronel Zegarra

“¡Pero si la marcha era pacífica!”, dicen los organizadores ante la inquisición de policías y periodistas acerca del vandalismo desatado. Lo cierto es que hay muy pocas posibilidades de que una protesta sea completamente tranquila; hasta suena contradictorio.

Se argumenta que, si los manifestantes evitan llevar armas u objetos que puedan causar daño, circulan dejando de atentar contra propiedades públicas o privadas y tampoco atacan a ciudadano alguno, la movilización calificaría como no violenta. Sin embargo, ¿realmente es así?

¿Acaso es pacífico que los pobladores se vean impedidos de transitar irrestrictamente, que los comercios o establecimientos deban cerrar por el paso de muchedumbres o que quienes intentan descansar sean alterados por el griterío? Nadie debería sentir que sus libertades son afectadas.

Cuando se solicita a los organizadores explicaciones por los desmanes, replican que se trata de infiltrados o que es imposible controlar a cada participante, entre otras razones. Entonces, ¿quién está a cargo y cómo se le puede solicitar compensaciones por los recursos perdidos, sean materiales o no?

Parece que poco importan los demás; solo valen "ellos", los que tienen la razón. Terminamos siendo “daños colaterales” y, aparentemente, eso es válido. Así, se violenta al resto.

Las movilizaciones se justifican diciendo que responden a motivaciones superiores, descalificando moralmente a cualquiera que se oponga. ¿Carecen de derechos los escolares, los pacientes o un peatón? Ninguno vale. Es la imposición del grupo, la multitud que agrede sin importarle quién sea. La personalización de la responsabilidad desaparece y, cual Fuenteovejuna, la masa sacrifica al individuo.

Hacer una huelga, marchar por calles y plazas, convocar manifestaciones públicas son acciones reconocidas como parte de los mecanismos para exigir algo “justo”. Aceptando la facultad que les asiste de proceder de esa manera, ¿son esas las mejores formas de expresar disgusto, de llamar la atención sobre atropellos o de compartir una angustia con todos?

Y lo que es más importante, ¿son efectivos y eficientes estos actos? ¿Consiguen más que una negociación directa, acudir a tribunales o la difusión del asunto en medios y redes?

Es la razón de la fuerza, no la fuerza de la razón.

Incluso, ocasionalmente, lo que prima está lejos de ser el resultado que se promociona. En realidad, el objetivo viene contrabandeado o solapado: conseguir la imagen de desorden, mostrar la debilidad del opositor o favorecer una posición partidaria.

¿Será factible que algún día, cuando un movimiento se convoque, escuchemos disculpas hacia quienes somos ajenos al conflicto detonante del evento? Y que, ¿una vez culminado, apoyen el resarcimiento de los damnificados inocentes y la recuperación de los espacios afectados?

En suma, ¿los concurrentes asumirán conscientemente el impacto que generan al entorno?