Escribe: Alfredo Coronel Zegarra

“¡Fuera el Presidente!” “¡Cierren el Parlamento!” “¡Qué se vayan todos!” esas pueden haber sido algunas de las consignas o, siquiera, las ideas con que muchos participaron en las distintas movilizaciones “masivas” y “populares”. Todos estamos constitucionalmente facultados para reclamar, resistirnos o disentir; evidenciando posiciones ideológicas, solicitando reparaciones frente a injusticias o exigiendo compensaciones de cualquier naturaleza.

Aún así, en las que demandan acciones políticas se pierden de vista al menos dos elementos: la obligación que tenemos de respetar las decisiones de la mayoría en elecciones libres; y segundo, que en sí misma la presión de la calle es insuficiente para generar una modificación en el mandato ya entregado, dicho propósito requeriría diferentes mecanismos.

Los comicios de carácter nacional, regional o distrital demandan alcanzar el sufragio suficiente para ser nombrado ganador y los perdedores acatarán la determinación. Eso ocurre en diversos ámbitos, asumiéndose tranquilamente. De haber reclamos se presentan y resuelven en las instancias correspondientes. Terminadas las apelaciones se da por validada la selección... ¡y hasta el nuevo período!

Conminar a las autoridades electas a que finalicen sus mandatos antes de tiempo se ha convertido en una afición peligrosa. Hacerlo demuestra fallas en el accionar cívico propio. Ser ciudadano es, también, reconocer los derechos del resto. ¿Sería viable convivir irrespetando la legalidad?

Podemos estar a favor o en contra de vacancias, destituciones y designaciones, no obstante, si siguen las convenciones y cuentan con los votos, nada hay por hacer. Recordemos que estamos lejos de ser una democracia directa, tenemos un sistema representativo, donde cada parlamentario es la voz de miles de compatriotas. Encarnarán, pues, la voluntad de una población significativa.

Si creemos que nos equivocamos al escogerlos, es otro asunto, poniéndolos en sus escaños les dimos potestad para hacer resoluciones en nombre de nosotros. De parecernos erradas, en la siguiente contienda castiguémoslos a ellos y a sus agrupaciones.

Procurar cambiar los destinos del país con marchas, aunque reflejen deterioro real, es similar a desacatar fallos judiciales, tratados internacionales o acuerdos privados. Además, validaríamos la influencia de grupos formales e informales para beneficiarse con alteraciones normativas. Malgastaremos nuestra frágil cohesión social y cada quien satisfará su ambición irrestrictamente. En suma, agudizaríamos el caos. Careciendo de leyes y de fundamentos, enterrados estarán el estado de derecho y las libertades individuales. ¿Podríamos seguir llamándonos Nación?

Expresemos descontento públicamente de desearlo, pero sin contar con que eso altere el anhelo del pueblo revelado por las urnas. Es ahí donde debemos obtener el apoyo para que las alternativas que auspiciamos ganen. De fallar en el objetivo, variemos la estrategia trabajando para el proceso que viene, en lugar de intentar conseguirlo a gritos.