Escribe: Alfredo Coronel Zegarra

Aludimos a la capacidad discrecional de determinadas autoridades como valiosa: “definen según su criterio”, evitando aplicaciones mecánicas de normas de distinto tipo y nivel. Sin embargo, a su vez, dicha “ventaja” puede ser fuente de arbitrariedades, cuando no de descarados chantajes, corruptelas o simple ineptitud.

Entonces, ¿cuándo es positivo este tipo de discernimiento?, ¿quiénes pueden ejercerlo y bajo qué parámetros?, ¿causará más problemas de los que soluciona?

Suponer de antemano que los jueces están calificados para interpretar la ley es razonable, presumimos que para eso se han preparado. La imagen de la justicia tiene los ojos vendados intentando evitar que el carácter de los involucrados la influya, no para dejar de analizar con acuciosidad las circunstancias atenuantes y agravantes en cada causa. De esa forma, se exige al magistrado motivar sus decisiones, detallando sus argumentos y la ruta lógica seguida, especificando qué pruebas valoraron. Aun así, a diario encontramos cómo entre instancias se enmiendan la plana. Sucede pues, que las leyes, como diversas áreas del quehacer humano y a diferencia de las ciencias exactas, están sujetas a perspectivas variadas.

Asimismo, inspectores municipales y fiscalizadores laborales entenderán reglas u autorizaciones acudiendo a su experiencia y conocimientos. Es factible que pongan sanciones y ahí es donde la oportunidad de abuso se gesta. Al tratarse en su mayoría de dictámenes de ejecución inmediata y donde el árbitro carece de obligaciones por las consecuencias que genera, se convierten en desastres anunciados. Procesos de compras o contratación de personal donde los encargados eligen facultativamente y sin supervisión ni rendición de cuentas, facilitarían arreglos bajo la mesa o nepotismo.

Tan grave como la deshonestidad es mantener requisitos innecesarios, abren resquicios para delinquir. Simplificar es opuesto a improvisar, es ordenar con sensatez, transparencia y responsabilidad.

¿Y qué hay de aquellos funcionarios públicos que desacatan lo que otro fuero ordena? Estando en desacuerdo con un contrato, ¿podré a mi albedrío ignorarlo? ¡Y el estado de derecho! ¿Subvirtiendo la seguridad jurídica fortaleceremos la institucionalidad? ¿Desaparecerán las libertades individuales?

Un “¡Porque no!” falto de explicación en casa, simboliza idénticos actos. Si bien encontraremos innumerables ocasiones en el espacio privado donde estemos involucrados en resoluciones similares, estas se resuelven en ese ámbito. Sus costos y beneficios son acordados, en general, entre las partes.

En el Estado el actuar potestativo producirá resultados efectivos. A pesar de ello, tal parece que los desenlaces dependerán de a quién afecte, la naturaleza del asunto y el sentido común de aquel que asume la tarea dirimente.

Fruto de lo cual es probable que la predictibilidad se pierda.

¿Cómo sabremos a qué atenernos si destruimos la confianza en los sistemas de decisión?