Escribe: Pedro Casusol

A solo dos semanas del Día D, mi ansiedad me lleva a pensar en el día después, es decir, en el 13 de abril, cuando empiece la segunda vuelta. Pocas cosas son seguras en este país, pero una de ellas es que solo pasarán al balotaje un candidato de derecha y otro de izquierda. Encuestas, analistas y politólogos coinciden en que ese espacio se lo van a disputar Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori; difícilmente pasen ambos. Lo que significa que uno de ellos empezará más temprano con la cantaleta del fraude.

El asunto es sencillo: incluso cinco años después de la campaña “fraudista” con la que Keiko Fujimori y Fuerza Popular —junto con toda la derecha, empresarios, medios de comunicación, estudios de abogados y un largo etcétera— intentaron desconocer los resultados con los que perdieron frente a Pedro Castillo, insisten en la necedad de que les robaron las elecciones. La semana pasada, la ONPE informó que acatará un habeas data ordenado por el Poder Judicial a pedido de la organización fujimorista, que la obliga a entregar la lista de electores de la segunda vuelta del año 2021.

Eso no solo constituye una abierta vulneración al secreto del voto, sino que también es un reto logístico con un costo operativo de más de 28 millones de soles que vamos a tener que pagar todos por la pataleta de Keiko. Y encima tiene el cuajo de reclamar por el costo administrativo de 17 millones que su partido debería asumir. Lo que hace Fuerza Popular no solo es una muestra de su absoluto desprecio por la democracia, es también su modus operandi. Es lo mismo que ha venido haciendo el pacto mafioso: normalizar el saqueo. Ahora pretenden presionar a la ONPE para que entregue datos sensibles como nuestras firmas y huellas dactilares. ¡En qué teatro del absurdo vivimos!

Ni hablemos de López Aliaga, otro que balbuceó la palabra fraude en 2021 apenas supo que quedaba tercero. Cierto que nadie le hizo caso entonces, pero amenazó con repetir el mismo teatro si es que no salía elegido alcalde de Lima un año más tarde. Ocurre que, en estos tiempos de posverdad, patear el tablero de las elecciones se ha convertido en una estrategia política recurrente. No importan las investigaciones fiscales, la justicia de los organismos electorales ni los informes de los observadores internacionales. Lo peor de todo es que quienes esgrimen la narrativa del fraude siempre lo hacen escudándose en la libertad de expresión, en la maniquea etiqueta de: “Yo opino que…”.

No sé si los jóvenes tienen idea de lo que fueron los comicios del 2000: las fraudulentas elecciones urdidas por el régimen de Alberto Fujimori, quien no tenía ninguna intención de dejar el cargo tras una década en el poder. Me queda claro que una buena parte de ese electorado que va a votar por César Acuña porque algún streamer como Cristo Rata, Neutro o Makanaky se lo ha dicho, no tiene idea de lo que fue para el Perú el escándalo de la re-reelección: el régimen tomando el control de la ONPE y el JNE, manipulando el software que contabilizaba los votos, la OEA retirándose del país tras comprobar que no existían garantías para celebrar unas elecciones limpias.

Así que, ¿fraudes? Los de antes. No los que inventa la derecha cuando pierde y hace el ridículo desconociendo los votos de una buena parte de la población, gastando 200 mil soles en una comisión presidida por Montoya en el Congreso que no demostró nada, y viajando hasta Washington D. C. para entregar una carta que pudo haber sido un e-mail. ¡Un papelón! El verdadero fraude es hacernos creer que alguien gobierna mientras los sicarios atacan buses, asesinan choferes y queman unidades para amedrentar. Fraude es vivir así. Fraude es ir a votar. Y que, al final, gobierne el pacto.